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El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, emitió un mensaje para rechazar que esté interviniendo en el proceso penal que se sigue actualmente contra el ex dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Javier Armenta Araiza, y otros dos estudiantes, e incluso exhortó al Poder Judicial para que estos jóvenes enfrenten las denuncias en su contra estando en libertad.
“Con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad, sin que esto signifique exonerar a nadie”, dijo el gobernador.
La Universidad de Guadalajara, que sostiene una disputa política con el Gobierno de Jalisco desde hace más de un año, ha estado asegurando que el Poder Ejecutivo está interviniendo en el Poder Judicial para sancionar penalmente a Armenta Araiza y los otros dos jóvenes (Iván Cisneros González y José Rojas Umazor), por haber protestado contra el proyecto inmobiliario Iconia (que tuvo el respaldo de Alfaro Ramírez cuando fue alcalde tapatío).
Sin embargo, Alfaro Ramírez, dijo: “hasta el día de hoy yo no he opinado ni expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El Gobernador del Estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El Gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del Gobernador. Esto es absolutamente falso”.
El mandatario aseguró que el problema legal que enfrentan los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara por el delito de despojo, se derivó de su determinación por ocupar un predio de naturaleza privada, por lo que fueron denunciados por sus propietarios:
“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque si no una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo presidente Alfonso Petersen. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara”.
Y complementó: “Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al Gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia. Insisto, no hay ningún estudiante detenido por protestar, y no hay ninguna intromisión de un servidor, en un asunto que es entre particulares y que compete resolver al Poder Judicial”.
Mañana martes se desahogará la audiencia en la que el juez determinará si los jóvenes enfrentarán su proceso penal en libertad o continuarán en prisión preventiva.
