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La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero no es el único caso donde se ha hablado de una probable participación o intervención de las Fuerzas Armadas. A lo largo de los cuatro años de investigación sobre el caso, los padres de los jóvenes desaparecidos han pedido a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) que investiguen una probable participación del 27 batallón de infantería asentados en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Esta comunidad fue escenario de un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y probables huachicoleros que dejó como saldo a 10 personas muertas, entre ellos cuatro militares el 3 de mayo de 2017.
La versión oficial indica que miembros de la policía militar que se encontraban patrullando la zona conocida como el triángulo rojo, recibieron un reporte sobre una toma clandestina en el poliducto Minatitlán-México en el municipio de Quecholac. Los soldados habrían sido atacados por los probables huachicoleros que se escudaron con mujeres y niños para repeler los disparos.
Posteriormente, una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) logró acreditar violaciones graves a los derechos humanos por la ejecución arbitraria de dos personas, tratos crueles y violaciones a la debida procuración de justicia y a la verdad.
Dos soldaos fueron sentenciados en 2002 por los delitos de violación y tortura de Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena cuando tenía 17 años en Acatepec, Guerrero.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sumó a las peticiones de diversas organizaciones que también pedían castigo para los responsables.
