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Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, precisó que el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas no ordenó crear una comisión de la verdad, sino una comisión investigadora para esclarecer el caso Iguala.
Apuntó que la Procuraduría General de la República (PGR) está equivocada en su percepción, pues lo que mandató este tribunal es la integración de una comisión con características específicas.
“No está proponiendo una comisión de la verdad tal cual, ¿verdad? Lo que propone es una comisión de investigación que estaría integrada por actores que ya participan en el proceso penal, que ya tienen personalidad en esta averiguación previa y esos actores son: el Ministerio Público de la Federación, los representantes de las víctimas, que de por sí ya estamos actuando dentro del expediente y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en términos constitucionales ejerce las funciones de coadyuvante también en el caso Ayotzinapa. Entonces, no se está proponiendo nada fuera de la constitucionalidad. El Tribunal Colegiado está apegado a derecho”.
Reconoció que esta resolución no tiene precedentes y la obligación de la PGR es acatarla y asear sus investigaciones irregulares.
“Que hoy es una oportunidad histórica en la cual la PGR tiene que entender que hizo mal las cosas y tiene que corregir, por el bien de las víctimas, por el bien de nuestro país. Esta resolución consolida las bases de un Poder Judicial independiente”, aseveró.
Señaló además que los padres de los estudiantes desaparecidos harán todo lo que esté apegado a la legalidad, para que esta resolución se cumpla.
Revisión del caso
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que al no haber sido parte en los juicios de amparo en la revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con los hechos de Iguala, aún analiza la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas.
La CNDH expresó que desconoce los términos en los que fueron planteados tales juicios de amparo y, por tanto, no puede emitir un pronunciamiento judicial, por lo que ha procedido a conocer “los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación”.
En un comunicado, el organismo defensor nacional indicó que continuarán realizando labores de investigación con la finalidad de determinar “las violaciones graves a derechos humanos”, mismas que permitirán emitir la recomendación correspondiente y que en derecho proceda.
