“De risa loca”, acusaciones en mi contra: Anaya

El candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, desacreditó las acusaciones en su contra sobre supuestos actos ilícitos de lavado de dinero, persecución y amenazas, denunciadas por dos personas que aseguraron haber triangulado recursos por 45 millones de pesos a favor y por instrucciones del panista durante 2016, en el estado de Querétaro.

Mediante un comunicado, el candidato presidencial calificó de absurda la información difundida por el abogado Joaquín Xáman McGregor, quien dijo que sus clientes, Daniel y Alberto “N”, han sido amenazados y son perseguidos por diferentes vehículos, después de que se cuestionó públicamente el origen patrimonial de Ricardo Anaya, que le permitía mantener a su familia viviendo en Estados Unidos.

“Es francamente absurdo y de risa loca afirmar que amenacé a personas que NO CONOZCO y con QUIENES JAMÁS HE TENIDO TRATO ALGUNO, según el dicho de su propio abogado”, enfatizó Ricardo Anaya en un comunicado.

El abogado de los denunciantes, cuyas identidades están protegidas, dijo que sus clientes nunca tuvieron contacto directo con Ricardo Anaya, pero fueron contratados bajo sus órdenes en 2016, por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, para lo cual movilizaron millonarias cantidades de dinero por diferentes sistemas financieros de países como Canadá, Mexico y Suiza, con el fin de perder el origen del dinero.

Además de crear la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development, con la que simularon la compra de una nave industrial a la empresa Junisierra, propiedad de Anaya, su esposa, cuñada y suegros.

“La empresa de mi propiedad que vendió una nave industrial a precio de mercado está declarada en mi 3 de 3 y siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales”, contestó el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”.

Reiteró que la compra-venta cumplió con todas las formalidades de la ley, por lo que se deslindó de cualquier irregularidad al respecto y en todo caso, agregó, le corresponde a las autoridades pertinentes verificar el origen legal de los recursos usados por quien compra.

“No corresponde al vendedor hacer una revisión de las fuentes de financiamiento de quien compra. Cualquiera que haya vendido una casa sabe que basta con hacer la compraventa ante notario público, los avalúos correspondientes, recibir el pago por cheque o transferencia bancaria y estar al corriente de sus obligaciones fiscales”, explicó.

Finalmente, insinuó que esta acusación es parte de la “guerra sucia” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para confundir a la opinión pública y distraer la atención por el presunto desvío de recursos de programas sociales por parte de Rosario Robles cuando estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).