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En 2017, sólo 19.5 por ciento de las causas penales se resolvieron a través del Sistema Penal Acusatorio (4 mil 626); de ellas, 96.2 por ciento concluyeron antes de llegar a un juicio oral, principalmente por procedimiento abreviado, que para las autoridades es sentencia condenatoria.
Este dato llamó la atención de grupos encargados de dar seguimiento a la implementación y desarrollo del sistema adversarial.
María Novoa, directora de asuntos jurídicos del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), dijo que, como parte de los análisis para realizar el informe “Hallazgos 2017”, que presentarán el 9 de agosto, se detectó un uso recurrente de esta medida de solución.
Aunque la forma de conclusión está considerada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, llamó la atención que las sentencias condenatorias se hayan dado principalmente con este mecanismo, y no se hayan agotado otras medidas.
“Es una prerrogativa que tienen, que puedes llegar a un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa, y que sea argumentado ante un juez. Eso también nos llama la atención porque sí se está usando mucho el procedimiento abreviado, lo estamos observando, hay un exceso del uso de este mecanismo”.
“Habría que ir caso por caso y ver los criterios que se están utilizando, de hecho es una salida perfectamente establecida. El porcentaje está alto, habrá que ver si se están aplicando ciertos controles a nivel de las instituciones”.
Reconoció que hay denuncias sobre el abuso de esta técnica jurídica, pero no tienen elementos para establecer que se haya dado a través de una componenda o acto de corrupción para favorecer a las partes.
“Es algo que no se puede evidenciar tan fácil, pero sí nos ha llegado información de que ya hay tarifas, no me gusta decir esto porque no tenemos evidencias al respecto, más bien creo que se trata de una falta de control a través de las instituciones”.
“Sí nos ha llegado información de tarifas para el abreviado, mecanismos alternativos, solución de conflictos, nos ha llegado esa información, pero no tenemos la evidencia para decir que esto está pasando”.
De acuerdo con los resultados del sexto Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de carpetas judicializadas que llegan a un juez de control, 96.2 por ciento (4 mil 450) se resolvieron en la etapa inicial e intermedia.
El 50.6 por ciento (2 mil 251) concluyeron por procedimientos abreviados, lo que se considera para las autoridades una sentencia condenatoria, pues el inculpado reconoce su responsabilidad, y no por un acto de investigación científica por parte de las autoridades ministeriales.
Y del resto de carpetas que se resuelven antes de llegar a juicio, en 19.9 por ciento (885), se decreta el sobreseimiento; 2.4 por ciento (106), apertura de un juicio oral; 18.7 por ciento (832), suspensión del procedimiento; 2.2 por ciento (97.9), acuerdo reparatorio, y en 6.2 por ciento (275) otro mecanismo.
Por otra parte, 2.4 por ciento de los 4 mil 626 asuntos, es decir, 176 causas penales llegaron a los tribunales de enjuiciamiento para un juicio oral, de ellos, 76.9 por ciento (135.3) fueron sentencia condenatoria en contra del imputado; 20.3 por ciento (35.7) con sentencia absolutoria; en 2.2 por ciento (3.87) se decretó sobreseimiento, y 0.6 por ciento (un caso), una carpeta resuelta por otras causas (la sentencia absolutoria que refirió María Novoa).
En 2017 se iniciaron 23 mil 702 causas penales, donde se registraron 36 mil 224 delitos.
