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La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís Sámano, señaló que:
“En éstas se incluye de manera particular a 643 municipios, no obstante, se mantiene un nivel muy bajo de cumplimiento de las recomendaciones emitidas a los gobiernos y órganos locales”.
La funcionaria, explicó que, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, se han emitido siete declaratorias: cuatro, entre mayo y agosto de este año (Baja California, Chihuahua, Tlaxcala y Sonora); una, en 2020 (Guerrero, segunda declaratoria, por agravio comparado); y dos en 2019 (la segunda alerta en el Estado de México y la primera en Puebla).
Además, se conformaron tres grupos de trabajo con personas especialistas y servidoras públicas, quienes tienen bajo análisis igual número de peticiones de alerta.
Se trata de la tercera declaratoria para Veracruz, la segunda para Sonora (por agravio comparado) y la primera para Ciudad de México.
La titular de la CONAVIM, explicó que, de las 25 declaratorias emitidas desde 2015 hasta la fecha, se han acumulado 552 medidas recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales, para que las implementen en el territorio y con ello, coadyuvar a reducir la violencia feminicida.
“De estas 552 medidas, 208 corresponden al rubro de prevención; 190 son para lograr justicia y reparación del daño a los familiares, víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida, y 154 corresponden a medidas de seguridad”.
Alanís Sámano, comentó que los niveles de cumplimiento por parte de las autoridades locales son muy bajos, lo que dificulta observar resultados en el corto plazo, particularmente en términos de reducción de la violencia feminicida.
Y destacó que hasta la fecha se han evaluado a 18 de 22 estados con alerta.
“Los resultados arrojan que el 9 por ciento de las medidas recomendadas han sido cumplidas a cabalidad; otro cinco por ciento no han sido cumplidas, y la gran mayoría, el 86 por ciento, se encuentran en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas”.
En otras palabras, la funcionaria reconoció que prácticamente el 91 por ciento de la estrategia que considera el mecanismo de AVGM no ha sido desplegado o no ha terminado de desplegarse en ningún territorio.
La titular de la Comavim destacó que existen diversas críticas al mecanismo de alerta, incluso hay algunas en las que se sugiere eliminar dicho mecanismo, sin embargo, todavía no es posible saber si funcionan las alertas porque aún no han sido implementadas al cien por ciento en alguno de los territorios en los que se declaró la AVGM.
Aclaró que desde el Gobierno de México se considera que el mecanismo sí funciona porque considera la problemática de manera integral y transversal al considerar a las y los especialistas e integrantes de la academia, y a las diferentes instancias y órdenes de gobierno, en un plan común para revertir la violencia.
Y explicó que el papel de las personas especialistas y de la academia es el de analizar los elementos contextuales y territoriales que conforman el clima de violencia de género para, a partir de ello, generar un conjunto de recomendaciones de política pública a las que también se les dará seguimiento y evaluación.
“En su carácter interinstitucional, se involucra a los tres órdenes de gobierno, los tres poderes del Estado y a los órganos autónomos para que cada uno realice las acciones indicadas en las recomendaciones hechas por el grupo de especialistas”.
Fabiola Alanís enfatizó que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de llevar a cabo el análisis de las solicitudes de declaratoria mediante la conformación de grupos de trabajo que harán el análisis detallado.
“Y también se encarga de declarar las alertas en los casos en que sea procedente, a partir de lo cual se recomiendan medidas de acción y, posteriormente, se continua con la evaluación de las acciones implementadas, el papel de la autoridad federal es de coordinación y evaluación”.
Así mismo, dijo que la operación en el territorio está dentro de las responsabilidades legales de estados, municipios, poderes locales y órganos autónomos de las entidades, sobre quienes recae la tarea de adecuar sus marcos normativos, sus políticas públicas y sus presupuestos, con el objetivo de articular toda la estrategia sugerida desde la federación en conjunto con las y los especialistas que analizaron cada caso en particular.
Desde el 31 de julio de 2015, cuando se declaró la primera AVGM del país en el Estado de México, a la fecha son 22 entidades que cuentan con la implementación de ese mecanismo y son un total de 643 municipios señalados dentro de las 25 declaratorias emitidas, lo cual significa que uno de cada cuatro municipios del país tiene, por lo menos, una declaratoria de este tipo.
También se destaca que son 368 municipios con AVGM declarada por violencia feminicida, es decir, se trata de alertas que fueron solicitadas por los altos niveles de violencia registrados contra mujeres, jóvenes y niñas en razón de género.
Por otro lado, suman 293 municipios con AVGM declarada por agravio comparado, esto es que son alertas solicitadas por la existencia de marcos jurídicos o políticas públicas que están impidiendo que mujeres y niñas ejerzan libremente sus derechos humanos.
“Estos casos se han declarado para los 212 municipios del estado de Veracruz y los 81 municipios de Guerrero”.
Entre otras características de las AVGM, resalta que son 26 municipios en los que se tiene una doble declaratoria, se trata de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa y Zihuatanejo, en el estado de Guerrero; Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco, en el Estado de México.
Además de Boca de Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, en el estado de Veracruz.
Por último, también se tienen los casos de tres estados en los que todos sus municipios tienen AVGM declarada por violencia feminicida. Ello ocurre en Baja California, Tlaxcala y Zacatecas.
