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Un juez de amparo encontró responsable a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) de haber filtrado información del menor Marco Antonio “N”, quien fue exhibido en un video tomado a su paso por la estación del Tren Suburbano en Tlalnepantla y una tienda de autoservicio.
Lo que generó “afectación a su honor, dignidad e intimidad, pues se invadió la vida privada del menor, prerrogativas que constituyen derechos subjetivos del ser humano”.
“Ampara para que tomen todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente se mantenga el resguardo legal de la información contenida en la carpeta de investigación CI-FSP/B/-3 C/D/309/01/2018 y su acumulada CI-E-DGAVD/CAPE/UI-2 S/D/00242/01-2018 y no proporcionen datos personales del menor”, se ordenó.
Y aunque la sentencia sólo obliga a la PGJ-CDMX a evitar difundir información susceptible dentro de las carpetas de investigación, el veredicto es un precedente sobre los límites de la libertad de expresión ante la presunción de inocencia y
los derechos de los menores.
“La omisión de resguardo se materializó a través de filtraciones de diversa información contenida en la aludida indagatoria y su difusión ante medios de comunicación, y ello trajo como efecto que se revictimizara y estigmatizara al menor quejoso, tanto directa como indirec tamente, violentando sus derechos a la vida privada, integridad personal, intimidad y datos personales y sensibles, en virtud de que la difusión de sus datos personales y de las diligencias que integraban la multirreferida carpeta de investigación permitió que éstos se hicieran públicos, lo cual genera en la persona agraviada afectaciones e impactos psicosociales”, determinó el juez.
Y es que no existe ordenamiento legal que autorizara a la procuraduría capitalina exhibir a la persona agraviada ante los medios de comunicación, aludió el impartidor de justicia federal.
También explicó en su sentencia que la Constitución mexicana y las convenciones internacionales buscan impedir que terceros difundan información de la vida privada ajena, sin consentimiento del titular.
Cabe destacar que en el mismo juzgado hay otro amparo pendiente de resolver por el tema de la desaparición forzada en contra de Marco Antonio, presuntamente perpetrada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local, quienes efectuaron la detención el pasado 23 de enero.
Se denunció que fueron divulgadas las condiciones físicas en las que fue encontrado, documentadas con fotografías, videos e historial clínico, integrados a la carpeta de investigación, y que las autoridades responsables no resguardaron con la debida diligencia, pues los medios de comunicación tuvieron acceso a los datos que obran en la citada indagatoria y se volvieron del conocimiento público.
