Las organizaciones de la sociedad civil dieron un paso al frente y presentaron 56 propuestas de gobierno a los cuatro candidatos a la Presidencia, quienes se comprometen a impulsarlas para que se conviertan en leyes o políticas públicas.
Todos aceptaron y firmaron el documento que certifica que en caso de obtener el triunfo el 1 de julio, el eventual gobierno federal o las bancadas de sus coaliciones aprobarán las reformas pertinentes para su instrumentación.
Siete ejes temáticos resumen el trabajo de las 300 organizaciones que promueven la Tercera Cumbre Ciudadana por un Estado Democrático de Derechos, sin Corrupción ni Impunidad. Las propuestas fueron entregadas hace dos meses a los candidatos para su análisis y aceptación.
Los diferentes equipos de campaña fueron responsables de determinar la viabilidad de cada una de las iniciativas presentadas por las organizaciones.
El candidato que más propuestas aceptó fue Ricardo Anaya quien suscribió 51 de las 56 propuestas; tuvo tres con reservas y dos las que se negó a firmar en sus términos.
El abanderado de la coalición Por México al Frente señaló que coincide plenamente, en 91 por ciento, con los pronunciamientos, sobre todo en materia de reforma al artículo 102 constitucional que daría cuerpo a la elección de un fiscal independiente y autónomo del Poder Ejecutivo.
José Antonio Meade, candidato de Todos por México, aceptó 43,sin reservas, 11 con observaciones y dos propuestas no las firmó. Esto representa apenas 76 por ciento de coincidencia con las organizaciones.
En opinión de Meade Kuribreña no basta con tener los instrumentos de participación ciudadana, sino que es necesario establecer cómo es que esas herramientas ayudarán a alcanzar objetivos claros.
Morera lo salva
Al inicio de su presentación, la silla destinada para el candidato priista estuvo a punto de vencerse y caer al piso, afortunadamente María Elena Morera detuvo su caída.
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, aceptó firmar 37 propuestas como fueron presentadas, 13 con reservas y seis no las aceptó. El porcentaje de iniciativas que sí aceptó representa 66 por ciento del total.
El candidato presidencial independiente también regañó a las organizaciones que sólo se quedan en la crítica y no dan el siguiente paso, olvidan proponer y ser proactivas; por ello se congratuló de que esta iniciativa haya decidido no esperar las propuestas de candidatos sino establecer una agenda de trabajo.
El único candidato que no asistió y también quien menos de las propuestas aceptó sin cambios fue Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pues sólo aceptó 36 en sus términos, a 17 les formuló reservas y a tres las rechazó. López Obrador sólo tuvo 64 por ciento de coincidencia con las propuestas presentadas.
Tercer intento La Primera Cumbre Ciudadana se llevó a cabo en 2012, cuando las organizaciones de la sociedad civil decidieron tomar otras medidas ante la inacción de las autoridades, luego de la tragedia del Casino Royal, de Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas durante un incendio provocado por el crimen organizado.
Otro antecedente de esta Cumbre Ciudadana fue la marcha de 2014, cuando miles tomaron la avenida Reforma para exigir paz en el territorio nacional.
Finalmente, en 2015, mediante el llamado Pacto de Chapultepec, firmado por más de 400 personalidades de todos los ámbitos, intentaron incidir en las decisiones de gobierno; sin embargo, la falta de seguimiento a los acuerdos impidió que fuera efectiva.
Durante la primera cumbre se establecieron 151 propuestas, que fueron aceptadas por los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República y los partidos políticos que los apoyaban.
Los aspirantes presidenciales suscribieron 78 por ciento de la agenda, principalmente en el eje de educación de calidad; en contraparte, el tema que presentó más disensos entre políticos y organizaciones fue el de reforma política y participación ciudadana.
La segunda cumbre, en cambio, tuvo como objetivo generar una propuesta integral de metas para la incidencia en política pública en 11 ejes de trabajo.
Las 200 organizaciones buscaron una ventana de interlocución permanente con la Secretaría de Gobernación y la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En esa ocasión, 2015, un gran número de sus propuestas fueron retomadas por el Congreso de la Unión y plasmadas en iniciativas.