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Un nuevo capítulo de enfrentamientos internos se visualiza en el Instituto Nacional Electoral (INE), en esta ocasión por el “plan de descuentos” en las multas a que los partidos políticos se hacen acreedores por cometer irregularidades en el manejo de sus cuentas y el reporte de éstas.
El proyecto surgió de la Comisión de Fiscalización y busca reducir de 150 a 100 por ciento del monto involucrado, los gastos no reportados; disminuir de 100 a 50 por ciento los gastos no comprobados; de 10 a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el registro extemporáneo de eventos, mientras que la sanción por errores en materia de prorrateo se reducirá de 30 a 50 por ciento del monto involucrado.
Al respecto, las posiciones son encontradas entre la consejera Pamela San Martín, que va en contra, y Marco Baños, que va en favor, la decisión de modificar las multas a los partidos y candidatos que cometieron irregularidades en los gastos de las campañas se llevará a la sesión del Consejo General del INE, el próximo 6 de agosto.
Baños Martínez, al manifestarse en favor de las modificaciones, explicó que “reducción no representa un acto de benevolencia, sino ser justos en la aplicación de las normas”.
Precisó que retoma el espíritu de algunos lineamientos planteados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “tomando algunos criterios para saber cómo sancionamos cuando los partidos, por ejemplo, no han presentado los comprobantes de la gratuidad de los representantes ante la casilla. Entonces, igual eso se establece una media aritmética en términos de lo que nos permite el reglamento y los criterios del Tribunal, y sobre esa base estamos calculando las multas.
No estamos siendo justos con la aplicación de las normas; esa es la parte importante en este caso”.
Por su parte, la consejera San Martín destacó que es “injustificada la decisión adoptada” por los demás integrantes de la comisión pues recordó que en años anteriores el TEPJF validó la manera como el INE calculaba las multas por fiscalización.
Entrevistados por separado, dieron rienda a sus argumentaciones; al pronunciarse en contra de la propuesta, la consejera electoral dijo que, de aprobarse, “incentivaría los reportes extemporáneos y el ocultamiento de gastos, lo que dificultará el trabajo de la autoridad electoral, además que podría afectar la equidad de las contiendas”.
Recalcó que “si se van a reducir sanciones, tiene que haber una justificación que yo no advierto en este proceso electoral, y menos al haber advertido la magnitud de éste y, al tratarse de conductas que, por supuesto, afectan el ejercicio de derechos y que –además– tienen un impacto particular en un tema que siempre miramos en torno a la fiscalización, que es la equidad en la competencia política”, expresó.
