Organizaciones civiles pusieron fin a la colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ante la falta de transparencia en el manejos presupuestales, formación de elementos y procesos disciplinarios.
Las organizaciones Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, México Evalúa, Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública firmaron el convenio para la implementación del Mecanismo Ciudadano de Transparencia, para transparentar los procesos internos de desarrollo de la Policía Federal.
“Dada la falta de avances y el visible desinterés del CNS para que el mecanismo operara y se cumplieran los objetivos establecidos en el convenio, las organizaciones que participamos en el mecanismo hemos decidido dar por concluida la colaboración.
“No obstante, las organizaciones participantes estamos convencidas de que este tipo de ejercicios son, no sólo positivos, sino necesarios en toda sociedad democrática. Creemos también que son un punto de partida para mejorar la relación entre ciudadanía e instituciones y construir puentes de confianza”, informaron en un comunicado conjunto.
El convenio de colaboración, firmado en 2016, tenía como objetivos colaborar en la identificación y corrección de fallas administrativas, institucionales y sistémicas, así como la detección de buenas prácticas replicables al interior del CNS, que encabeza Renato Sales.
El rompimiento derivo tras la entrega de la primera solicitud de información al director de Apoyo Jurídico del CNS, figura de enlace ante el Mecanismo.
En febrero de 2017, el grupo de asociaciones entregó la primera solicitud de información al director de Apoyo Jurídico del CNS, de la que tuvieron respuesta, tras una serie de formalismos, hasta junio de ese año.
“No se obtuvo los resultados esperados, dada la falta de disposición de las autoridades de la CNS para proveer la información que les fue solicitada en reiteradas ocasiones”, reprocharon.
La respuesta no atendió de manera puntual los planteamientos y adoleció de precisión en temas relacionados con el presupuesto ejercido, planes de formación inicial y continua, criterios para definir intervenciones en las entidades federativas, entre otros.
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