Más que amnistía para mujeres acusadas de aborto, propuesta por la exministra Olga Sánchez Cordero, se tendría que tratar su absolución, consideraron activistas.
“Es un tema que se debe discutir, porque las mujeres no son criminales. Salen libres, pero con el sello de criminales; por eso hay que debatir cómo sería esa liberación”, detalló María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional del Feminicidio.
“Tenemos que ver la problemática en su extensión; es importante que hablemos de aborto y los delitos relacionados, porque es persecución y criminalización social.
Por eso lo ganado en lo legal debe tener su imaginario en lo social”, consideró Lourdes Enríquez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sobre el tema del encarcelamiento de mujeres acusadas por aborto y delitos referentes, como homicidio en razón de parentesco, en la llamada “justicia transicional”, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) instó al Estado mexicano a establecer un código penal único.
Dichas recomendaciones emitidas, tras el noveno informe del organismo internacional, dio como plazo dos años al gobierno mexicano para responder; es decir, será la administración de Andrés Manuel López Obrador la que resuelva.
“Nos unimos al llamado para el nuevo Gobierno Federal, sobre todo el llamado que hace a nivel internacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres, que se atiendan de manera prioritaria las recomendaciones que emitió el comité de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres”, destacó la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.
Lamentaron que en México avance de buena manera la creación de marcos normativos, políticas públicas y programas de atención y prevención de la violencia de género; sin embargo, los resultados se ven lejanos por la corrupción que impera en varios órdenes de gobierno.
En materia de desaparición de menores, celebraron que el Estado reconociera, por primera vez, que existe un grave problema que implica –de enero de 2014 a junio 2016– la desaparición de 10 mil 157 mujeres en 12 estados de la República, ante lo cual la CEDAW recomendó mecanismos de búsqueda urgente e inmediata.