Las bancadas del PAN y del PRD en el Senado presentaron ante el pleno una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para establecer el marco jurídico de actuación de las fiscalías de Combate a la Corrupción y Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
En la propuesta se establece que la Fiscalía de Combate a la Corrupción será un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción.
El titular de esta fiscalía será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Podrá ser removido libremente por el procurador general de la República.
Esta remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes al acuerdo de remoción.
La Fiscalía de Combate a la Corrupción contará entre otras, con las siguientes atribuciones:
Ejercer las atribuciones que la Constitución, los instrumentos internacionales en la materia, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a delitos en materia de corrupción. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia de corrupción.
Instrumentar mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno, para la investigación de delitos en materia de corrupción, entre otras.
La fiscalía contará con un presupuesto de al menos del 4 por ciento del presupuesto total asignado a la Procuraduría General de la República.
Respecto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, será un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y perseguir delitos electorales en los términos de la ley general correspondiente.
Corresponderá a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, entre otras atribuciones, las siguientes:
Ejercer las atribuciones que la Constitución, la presente ley y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de delitos electorales. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción, para combatir los delitos electorales. Instrumentar mecanismos de coordinación con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir la comisión de delitos electorales, entre otras.
Según la propuesta del PAN y PRD, ambas fiscalías deberán presentar anualmente un informe de actividades realizadas al Senado de la República.
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