POR VÍCTOR MAYÉN
Salomón Jara Cruz, vocero de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, presentó una reforma a la Constitución para retirarle la inmunidad al Presidente de la República ante la comisión de los delitos de corrupción, contra la humanidad y electorales.
Con las modiicaciones al segundo párrafo del artículo 108 constitucional, se pretende que el Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad penal cuando incurra en actos de corrupción o fraude electoral.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Jara Cruz precisó que “nos encontramos en la puerta de entrada hacia una nueva época de cambio político, en donde estamos impulsando todas las acciones legislativas que transparenten y permitan que en este país no haya ningún tipo de inmunidades y privilegios”.
La reforma establece que el Presidente en funciones puede ser objeto de la imputación de la responsabilidad penal cuando cometa algunos de los delitos electorales contenidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El primer mandatario también podrá ser juzgado por la comisión de delitos contra la humanidad, para los cuales se acatarán los principios en materia de responsabilidad penal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables de acuerdo con los instrumentos internacionales adoptados por el Estado.
Además, Morena propuso modiicar la Constitución para decomisar bienes a funcionarios que incurran en el delito de corrupción. Esta iniciativa que modiica el artículo 22 de la Carta Magna, señala que la extinción de dominio aplicará también en los casos abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de inluencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.
La extinción de dominio irá también en detrimento de los bienes que estén en propiedad de prestanombres o testaferros. Según el proyecto, la extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suicientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito.
La iniciativa amplía de 6 a 7 el catálogo de delitos sobre los cuales procede actualmente la extinción de dominio, delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.