Las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron un par de leyes argentinas promulgadas por el presidente argentino Raúl Alfonsín en 1987 para establecer una caducidad de la acción penal contra los que colaboraron en la dictadura militar argentina y habían cometido violaciones graves a los derechos humanos.
La presión contra Alfonsín por la ley, que abría la puerta a la impunidad, llevó al presidente argentino a promulgar la Ley de Obediencia Debida, que absolvía a militares de rangos medios y menores para así poder procesar a los altos cargos involucrados en la comisión de violaciones a derechos humanos.
Durante su charla en el programa televisivo Tercer Grado, Andrés Manuel López Obrador insistió en que debe existir un antes y un después del próximo 1 de diciembre para “dejar atrás la horrible historia de corrupción”.
También sugirió que habrá una Ley de Punto Final para combatir la corrupción desde el primer minuto en que asuma plenamente el cargo como presidente. “No alcanzarían las cárceles ni los tribunales para juzgar a todos los corruptos”, señaló.
Sin embargo, fue claro en decir que no buscará en el pasado para desenterrar viejos hechos de corrupción ni perseguir a nadie en concreto, salvo casos muy específicos, aunque no se refirió a alguno en concreto.