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Actualmente, en México se investiga la desaparición de 11 mil 556 personas; de ellas, sólo se reconoce la desaparición forzada de 170. La diferencia está en que la desaparición forzada –de acuerdo con los estándares internacionales– se perpetra por el Estado a través de cualquiera de sus agentes.
De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno –el último del presidente Enrique Peña Nieto–, los estados con mayor incidencia de desaparición de personas son: Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Ciudad de México (CDMX).
“Se investiga la desaparición forzada de 170 personas en 88 expedientes de búsqueda, mediante averiguación previa o carpeta de investigación, donde las autoridades involucradas son las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como la Policía Federal, estatal y municipal”.
“Las entidades donde se denuncia un mayor número de personas desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o locales son: Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Michoacán”, advierte el informe.
Asimismo, hay 897 expedientes de búsqueda, por averiguaciones previas o carpetas de investigación, donde se averigua la desaparición –diferente a la desaparición forzada, porque no se le atribuye al Estado– de 11 mil 556 personas. Además, están vigentes los expedientes por la desaparición de 21 extranjeros.
La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas computó que, de 2013 a 2018, se localizaron a 152 con vida y 163 muertos; y el mayor número de personas encontradas estuvo a cargo de las fiscalías de Guerrero, Estado de México y CDMX.
Por otra parte, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que del 2013 a la fecha se han presentado al menos mil amparos indirectos contra instituciones del Estado por las omisiones en la pesquisa, sobre todo por no clasificar y tipificar el delito de desaparición forzada.
Mientras que en 2001, cuando inició la incorporación del tipo penal de desaparición en los reglamentos de cada estado, a la fecha sólo se han dictado 20 sentencias de primera instancia por ese delito, dos han sido absolutorias.
De las 18 resoluciones fueron condenadas 40 personas, todos agentes del Estado de diversas corporaciones dedicadas a la seguridad pública y resguardo de la seguridad nacional, pues dicho crimen es perpetrado principalmente por policías o militares.
