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Por más de 20 años, Pedro Gutiérrez estuvo al frente del albergue Ciudad de los Niños, en ese tiempo perpetró violencia sexual, maltrato físico y adopciones irregulares y pese a siete carpetas de investigación en su contra, hoy permanece en libertad.
La omisión y colusión del Estado orilló a defensores de los derechos de la infancia a interponer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Parte de los petitorios que hemos hecho a la CIDH es otorgar el acceso inmediato a las víctimas para monitorear y evaluar cuál es su situación actual. Nos preocupa el estado en el que se encuentren los menores transferidos a otras instituciones, hemos buscado el acceso a las mismas y nos lo han negado varias veces”, explicó Lisbet Brizuela, directora en México de Disability Rights International.
La organización internacional y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) acusaron complicidad de autoridades.
“En la sentencia de la juez Karla Macías se considera lo grotesco de lo acontecido y la complicidad de autoridades de Guanajuato y una protección de alto nivel; nos referimos expresamente al gobernador (Miguel) Márquez, al secretario de Gobierno y al procurador que han hecho uso político de los niños, dejándolos como rehenes de este sacerdote”, advirtió Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim.
