A partir del axioma de que el poder se ejerce o se padece, el PRI ha comenzado a abrir todas sus cartas institucionales, pragmáticas y de autoridad del ancien régime para exhibir al adversario. Las presiones sobre el exfiscal electoral, el expediente judicial contra dirigentes del PT –entre ellos, la esposa del dirigente Alberto Anaya–, la extensión de la indagatoria al gobierno del independiente Jaime Rodríguez El Bronco, el expediente sobre la fortuna del dirigente panista Ricardo Anaya, hasta ahora, revelan que el poder sirve para usarse.
Y no se trata sólo del PRI, sino que existen evidencias de que el PAN y el PRD lopezobradorista también han usado el poder para apalancar posiciones de poder: Fox y el desafuero de López Obrador y el uso de la PGR en el 2006 para desbarrancar la candidatura priista a gobernador de Jalisco de Arturo Zamora y beneficiar al panista Emilio González Márquez, y Calderón con la utilización del poder presidencial para afectar la candidatura presidencial panista de Josefina Vázquez Mota en 2012.
Y del lado del PRD aquellas maniobras de López Obrador para beneficiar la candidatura a jefe de gobierno en el 2006 de Marcelo Ebrard Casaubón y la forma en que usó el poder como jefe de gobierno para tratar de liquidar la capacidad de autonomía del Instituto capitalino de Acceso a la Información.
Como en política todo se vale, la acción del Estado priista es reacción a las maniobras de la oposición. Por ejemplo, el fiscal Santiago Nieto fue sembrado por el PRD de Miguel Barbosa no para combatir la ilegalidad en los procesos electorales, sino para perseguir actos ilegales que involucraran al PRI y, sobre todo, al presidente Peña Nieto. La ruptura ocurrió por la filtración de datos periciales sobre el caso Pemex-Odebrecht como parte de la campaña de desprestigio opositor contra el gobierno de Peña Nieto. El cese del fiscal y la movilización estridente de la oposición fue un pulso de fuerzas del PAN-PRD-Morena-PT contra Peña y, de paso, se extendió al PRI. La respuesta oficial fue, según las leyes de la física, con la misma intensidad en sentido contrario.
La indagatoria contra el PT en San Luis Potosí tiene como contexto el papel de pivote del partido con López Obrador, y la extensión del expediente al gobernador de Nuevo León y registrado como aspirante a la candidatura presidencial independiente puede leerse en el mismo sentido: exhibir irregularidades y restarles votos en las presidenciales del 2018.
Lo malo de esta estrategia radica en el hecho de que los expedientes contra la oposición tienen bases reales de acusación. En los tiempos periciales, también existe el cumplimiento de las normas de las indagatorias judiciales. En este sentido, los señalamientos opositores de manipulación de casos también son ciertas. En este sentido, el problema radica en que la oposición vivió de beneficios institucionales sin entender que al final del día todo se revierte.
La ingenuidad opositora se olvida que en la lucha por el poder –y más aún: del poder presidencial– todo se vale. En el PRI existía el método de limpiar con bastante anticipación las irregularidades para que no salieran como parte de la guerra sucia electoral. Para ello siempre se utilizó la Secretaría de Gobernación.
La oposición debe entender que primero debe limpiar sus establos y luego salir a torear.
Política para dummies: La política es la frialdad de carácter para asumir el poder como la capacidad de dominación del adversario.
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