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Una vez más los diputados federales aprobaron diversas reformas y derogaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de eliminar el odiado fuero constitucional del que gozan en calidad de inmunidad procesal diversos servidores públicos, desde el Presidente de la República hasta los presidentes municipales.
La figura de protección nacida como consecuencia del triunfo de la Revolución Mexicana, que estaba reservada a unos pocos servidores públicos con el propósito de que no fuesen perseguidos por la simple expresión de sus ideas, degeneró a manos de los legisladores y prolongaron la inmunidad procesal a servidores públicos que no tenían que ser protegidos, como los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos.
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