De nueva cuenta se abre la oportunidad de construir instancias de equilibrio al poder absolutista del presidencialismo mexicano con el relevo en la Auditoría Superior de la Federación, pero otra vez la intención no es limpiar la corrupción, sino proteger al gobierno que sale.
La Auditoría Superior de la Federación es el organismo encargado de revisar las cuentas públicas de los dineros federales y de revelar irregularidades. Pero hasta ahí. De poco ha servido su autonomía si a la hora de la localización de corruptelas carece de procedimientos para iniciar procesos penales.
El problema con la ASF radica justamente en que se le ve más como reveladora de actos de corrupción con fondos públicos, que como la instancia indispensable para cerrar las puertas de la corrupción. Año con año los reportes de la Auditoría encuentran los mismos problemas que no se castigan y que permiten su reproducción porque los funcionarios han perdido el miedo a sus reportes.
Así, muchos ven a la ASF como una especie de procuraduría de fondos públicos, pero sin facultades de acusación. Prácticamente todos los gobernadores encarcelados fueron acusados en su momento por la Auditoría, pero cayeron en las garras de la ley por otras irregularidades.
De ahí la importancia de la designación del próximo auditor superior por la Cámara de Diputados, sobre todo porque ocurre en los espacios políticos del último año del gobierno actual y la larga lista de señalamientos de irregularidades en el uso de los fondos públicos.
Pero en este contexto, la designación parece moverse en los extremos: o un cómplice que cubra las espaldas del primer año de la próxima administración cuando se analizarán los gastos del último año de gobierno anterior o un fiscal que antes de tomar el cargo ya esté condenando actos de corrupción.
El mecanismo de designación está plagado de contradicciones: la mayoría del PRI tratará de imponer su fuerza, pero la comisión legislativa la tiene el PRD. Sin embargo, existe una tercera opción: un auditor que no sea cómplice ni fiscal, sino que se eche a hombros la tarea de construir un organismo realmente vigilante de uso de los fondos públicos con un replanteamiento de los mecanismos de supervisión, con el propósito de atajar la corrupción antes y no diluir sus funciones en acciones punitivas inexistentes.
De entre la lista de 40 aspirantes al cargo destaca la nominación de David Colmenares Páramo, economista y especialista en finanzas públicas, con experiencia como auditor especial de gasto federalizado de la propia ASF, entre otras tareas. Sus propuestas destacan la reorganización de funciones de la auditoría para mantener mecanismos de control de finanzas públicas antes de la revisión de las cuentas públicas.
La bancada del PRI y el papel clave del PRD en la comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados podrían evitar que la designación convierta al organismo supervisión del gasto en una tapadera de irregularidades o en un comité de salud pública con todo y guillotina, y entre los dos den el paso a la construcción de una moderna ASF que controle los fondos públicos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Las opciones de la ASF parecen estar determinadas por el gobierno que termina: o tapadera o persecución, pero lo que urge es la construcción de una nueva institución. La Cámara está obligada a legislar para los controles democráticos.
Política para dummies: La política es la obligación de definir limitaciones del poder, no la de expandirlo.
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