Corrupción causó muertos y destrucción

Eduardo Ruíz Healy

Hasta ayer llegaba a 221 el número de personas que en la Ciudad de México murieron en el sismo del 19 de septiembre pasado. La mayoría de ellas perdieron la vida en alguno de los 38 edificios que se derrumbaron durante y después del temblor.

De acuerdo con Félix Villaseñor, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la mayoría de las edificaciones que se cayeron habían resultado dañadas en el terremoto de 1985 y no fueron reforzadas correctamente.

Pero no sólo es esa la causa. El diario estadounidense The New York Times (NYT) publicó el 25 de septiembre pasado un artículo intitulado “El terremoto revela falta de rigor en la aplicación de normas de construcción en Ciudad de México”, el cual se refiere a un estudio que realizó el investigador de la UNAM, Eduardo Reinoso, que descubrió que “a partir de 150 edificios construidos después de 2004… se halló que muchos no cumplían con los estándares oficiales. En varios casos, los edificios revisados ni siquiera tenían el papeleo suficiente de planos y otros factores como para revisar por completo el cumplimiento… 71 por ciento de los edificios que sí pudieron ser revisados no cumplían por completo con las normas técnicas oficiales, mientras que 36 por ciento ni siquiera cumplió con un estándar menor… La autoridad no verifica ninguna parte del proceso relacionado con el riesgo sísmico y existen edificios por los que nadie responde ni a van a responder; existe una impunidad flagrante”. El artículo añade que “la inspección de edificios construidos antes de la norma también llega a ser laxa. Parece haber sido el caso del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 menores y seis adultos tras el colapso de uno de los edificios”.

Muchos otros artículos señalan la irresponsabilidad de las autoridades de la CDMX que autorizaron que personas no calificadas pudieran ser peritos de obras y también la de ciertos desarrolladores inmobiliarios y constructores que se coludieron con peritos para que éstos aprobaran sus edificaciones a pesar de no cumplir con las normas.

De no haber existido tanta ineficiencia, irresponsabilidad y corrupción es muy probable que menos edificios se hubieran caído el 19 de septiembre; seguramente habría menos que lamentar si hubieran sido demolidos o correctamente reforzados aquellos que quedaron dañados hace 32 años; y muchas personas no hubieran perdido sus vidas o sus patrimonios si las autoridades hubieran cumplido con su obligación de supervisar la construcción y fortaleza estructural de miles de inmuebles.

Durante décadas, las autoridades nos presumieron que las normas de construcción adoptadas después de 1985 garantizaban que un terremoto no causaría la destrucción que se vio ese año. Y tenían razón. Lo que hoy no pueden presumir es que hayan procurado que todos las cumplieran.

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