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Conocido también como el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981.
Y hasta 1999 fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.
La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación.
Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, psicológica, económica, cultural, entre otros.
Por lo antes mencionado es importante dejar en claro lo que dice la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas (1994) durante la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convencion de Belem Do Para– que afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, y que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases, por lo que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.
El combate contra la violencia a las mujeres, adolescentes y niñas tiene una importante dimensión política, aunque se ha avanzado en la legislación contra la violencia de género y el feminicidio, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta es que se mantiene la impunidad, ya que todavía muchos países tienen legislaciones precarias, debido a que su abordaje a través de las políticas públicas no es transversal y es sin duda insuficiente. Entre las claves para luchar contra la violencia y avanzar en la prevención, está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad.
Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer.
Cada país, cada estado y cada ciudad es responsable de abordar, de manera urgente, este tema y evitar que se sigan cometiendo delitos como el acoso laboral, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la violación o el feminicidio.
