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Por: Vladimir Galeana
En las últimas semanas estuvo discutiéndose en los medios de comunicación la conveniencia de aprobar las disposiciones para dotar a las policías del país y a las Fuerzas Armadas de elementos que permitieran normar su actuación en el auxilio de la disminución de la criminalidad. Eso habla de un rotundo fracaso de los cuerpos policiales de todo el país en la protección y seguridad de los mexicanos, que ahora –más que nunca– estamos a merced de los criminales. La principal oposición de las reformas corrió a cargo de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.
En la interpretación que hicieron de los contenidos de dicha propuesta legislativa, establecieron la posibilidad de que México entrara en una fase de represión para ciertos actores sociales y comunidades, en los que la criminalidad llegó para asentarse de manera permanente. El sobredimensionamiento de las consecuencias ante una posible militarización del país fue uno de los puntos clave del debate. Efectivamente no hemos logrado imponer el orden, pero también hay que señalar que se debe a la negligencia de los gobiernos locales que se han resistido a la certificación de sus policías, porque en la mayor parte esos cuerpos se conforman con elementos poco confiables y de oscuros antecedentes.
Gobernadores y presidentes municipales son los verdaderos culpables del desastre en materia de seguridad pública. El dinero destinado a la profesionalización de las policías, a la instrumentación de programas de cercanía vecinal, y a la dotación de mejores elementos para cumplir con la misión de otorgar a los ciudadanos una buena seguridad pública, en la mayor parte de las veces fue utilizado para otras cosas, lo que dio origen al caos que ahora presentan muchas regiones del país.
La irresponsabilidad de presidentes municipales y gobernadores es evidente, y las consecuencias son desastrosas. Ahora, la Federación ha tenido que echar mano del último recurso disponible, que es la participación de las Fuerzas armadas en la protección de la población en distintas zonas, sin cuya presencia la seguridad se vería seriamente afectada.
Desde luego que es válido el posicionamiento de los activistas sociales y los defensores de derechos humanos, pero no podíamos seguir estirando la liga y confianza en la irresponsabilidad de los presidentes municipales y de algunos gobernadores. Tampoco podíamos mantener por mucho tiempo el auxilio de las fuerzas armadas en materia de seguridad sin dotar a sus elementos de un marco jurídico que diera certeza a la aplicación de los programas de seguridad, disuasión y persecución de las diversas bandas de crimínales que tienen el control de algunas regiones del país.
Las razones nunca dieron satisfacción a los activistas de los derechos humanos, pero es preferible correr el riesgo antes de que el país se nos desgarre en el corto plazo si no se realizan los ejercicios de forma inmediata para abatir y disuadir las diversas células criminales que han incrementado su presencia en el país, y que buscan mantenernos como rehenes de sus propósitos a través del terror y el pago de piso. México no puede seguir esperando, y la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano son lo único que nos queda para salir airosos de este difícil trance. No hay más en quien confiar por la irresponsabilidad de gobernadores y presidentes municipales. Al tiempo.
