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Alguna vez los hombres y mujeres del estado grande, Chihuahua, eligieron como gobernador a Francisco Barrio Terrazas, y provocaron la primera manifestación de alternancia en esa parte del país. El panista siempre se vanaglorió de su rusticidad provinciana y hacía alarde de la forma en que el norte del país había logrado avanzar más que otras regiones por la entrega y laboriosidad de sus habitantes, y la vocación industriosa de su clase empresarial. Se le recuerda como un buen gobernador.
Javier Corral es el actual mandatario en ese estado, y desde su llegada ha pretendido marcar una separación entre sus intereses políticos y los intereses del Partido Revolucionario Institucional, por cuyos miembros siempre ha tenido una lamentable animadversión ya que hasta se ha dado el lujo de etiquetarlos a todos, dirigentes y militantes, como la escoria de la política sin entender que sus excesos en el ejercicio de gobierno lo colocan en esa delgada línea entre lo legal y lo ilegal, aunque pareciera importarle poco.
Ha sido la Suprema Corte de Justicia quien ha tenido que detenerlo después de haber quebrantado la vigencia del pacto federal, al imponerse dictatorialmente a los tribunales locales para evitar que la justicia hiciera su parte en las acusaciones que mantiene contra tres presuntos integrantes del gabinete de César Duarte. Lo único que ha evidenciado don Javier Corral es que la justicia de este país le viene “guanga” y que en su estado la separación de poderes no existe ya que ha sometido al Poder Judicial a su arbitrio. ¡Ni qué decir del Legislativo!
El problema es que ante la sinrazón del mandatario chihuahuense, ha tenido que ser la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó poner punto final al diferendo entablado por el mandatario estatal para seguir manteniendo encarcelados a los militantes tricolores Antonio Enrique Tarín García, Gerardo Villegas Madriles y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general, y a quienes mantiene en prisión enfrentando procesos penales del fuero común.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dejado en claro al señor Corral que el recurso que promovió su gobierno es notoriamente improcedente porque las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal no admiten recurso alguno, y deben ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables. Pese a todo, Corral ha señalado reiteradamente que se trata de cubrir con el manto de la impunidad a los acusados.
Cuando el Constituyente de 1917 decretó la separación de poderes trataba precisamente de evitar que sujetos autoritarios como Javier Corral pudieran quebrantar el pacto federal pretendiendo imponer su voluntad por sobre los demás poderes, y en el caso que nos ocupa incluso lo ha pretendido hacer con las propias decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El nuevo bárbaro del norte” en todo su esplendor. Ahora, o cumple o se va a la cárcel, así de simple la tiene. Al tiempo.
