Exfiscal desaparecedor

El exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, podría convertirse en el primer funcionario de alto rango sometido a juicio con las reglas de la nueva Ley de Desaparición Forzada de Personas, aprobada a nivel federal a finales del 2017. A un mes de que se lanzara una orden de aprehensión contra él, que Interpol emitiera una ficha roja de localización en 180 países, y que el gobierno de Veracruz haya ofrecido cinco millones de pesos de recompensa para quien aportara datos para su ubicación, fue capturado al salir de una cafetería en la Ciudad de México.

Bravo Contreras, sorprendido tras haber visto el juego México-Alemania este domingo por agentes investigadores de Veracruz que le seguían la huella, está acusado de obstruir el hallazgo de cuerpos humanos en fosas clandestinas a familiares que explícitamente le habían solicitado búsquedas, en especial en el norte de Veracruz, cuando en abril de 2015 fingió una diligencia con un grupo de policías ministeriales, al final de la cual dijo que no halló nada más que “huesos de perro”.

Los familiares no se dieron por vencidos y, a los pocos minutos de hurgar con ayuda de un elemento canino entrenado, ubicaron una fosa con cinco cadáveres. Al año siguiente, tras diversas peticiones sin respuesta a la fiscalía, madres integrantes del Colectivo de Búsqueda Solecito Veracruz, iniciarían nuevas búsquedas hasta localizar cementerios clandestinos en Colinas de Santa Fe. Van más de 150 fosas clandestinas con alrededor de 287 cuerpos humanos contabilizados por los familiares. Y aún así las autoridades ministeriales y peritos tardan en levantar los restos.

En enero de 2016 ocultó el hallazgo de 13 cuerpos en la barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, zona centro, pues reportó solamente seis cadáveres de los 19 que en realidad se extrajeron del lugar.

Bravo fue el tercer fiscal durante el gobierno de Javier Duarte. Sustituyó a Felipe Amadeo Flores Espinosa y durante su función fue acusado en numerosas ocasiones de tratar de minimizar, e inclusive abandonar totalmente, investigaciones en torno de la desaparición forzada de personas, muchas veces víctimas de sus propios policías, aliados con la delincuencia organizada, que convirtió a Veracruz en una de las entidades con más violencia criminal y oficial, con más desaparecidos y con el mayor número de periodistas asesinados y amenazados.

El Colectivo Solecito desestima la estadística de años en la entidad, donde habría algo más de 3 mil 500 personas desaparecidas. “Dicen que hay más de 30 mil desaparecidos en el país. Hay más de 30 mil solamente en Veracruz”, ha dicho su dirigente, Lucía de los Ángeles Díaz.

Veracruz es el estado mexicano, junto con Tamaulipas, donde se han registrado más asesinatos y desapariciones con participación de policías locales, estatales y elementos de la Marina y el Ejército. Es decir, desapariciones forzadas según define la nueva ley federal, que prevé una Comisión Nacional de Búsqueda, jueces y peritos especializados y una estadística más certera, dado que autoridades locales suelen minusvalorar el fenómeno de las desapariciones forzadas.

En varios sitios de la república –Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Baja California, entre otros–, hay buscadoras, rastreadoras, familias enteras que realizan el trabajo que debían hacer las autoridades: ubicar fosas clandestinas.