“Fake news” contra la democracia

El reciente incremento de las llamadas noticias falsas o fake news representan un peligro para la democracia de cualquier país, ya que éstas noticias pueden iniciar conflictos, fragmentar a las sociedades y manipular a los ciudadanos; la propaganda y la intoxicación por este tipo de noticias son tan antiguas como la convivencia entre la política y la información, pero lo que la intensifica, es la capacidad de replicarlas con el fácil acceso que tenemos actualmente a las redes sociales.

Existen iniciativas de la sociedad civil, que proponen impulsar una ley contra los sitios de noticias falsas, con el propósito de transparentar las elecciones y proteger a la ciudadanía respecto a la información que reciben para que puedan elegir correctamente. La parte medular de esta propuesta es conseguir una legislación que evidencie el financiamiento que reciben los sitios web, obligarlos a transparentar a sus patrocinadores: de dónde provienen los fondos y qué cantidad de contenido publicado es pagado. Modelo que en Francia se han empezado a analizar para su legislación.

Es vital garantizar una sociedad democrática, más durante los procesos electorales, sin embargo, un estudio realizado por la Freedom House informa que en gran medida la estrategia para deformar la información surge de los propios gobiernos que buscan mantener cierta tendencia partidaria, pero eso es otro tema.

En México, durante marzo de este año, se realizó una modificación al Código Civil Federal, que intenta erradicar la desinformación. Se trata del artículo 1916, que habla del daño moral que se puede causar a una persona cuando se le impute un hecho falso o calumnioso a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Pero, como siempre, tiene una interpretación y jurisprudencia que vuelve ambigua esta ley, ya que la intención es buena porque se pretende combatir el ciberacoso y proteger la vida e integridad de los usuarios en la red. Sin embargo, dentro del dictamen 1916 bis, especifica que la crítica de asuntos de importancia pública o del desempeño de las y los servidores públicos o de las personas físicas y morales no es un delito siempre que tenga una conexión manifiesta con el interés público.

Por lo que, es indispensable una legislación específica para combatir la propagación sistemática de la intoxicación informativa con fines políticos, tema delicado a debatir puesto que se encuentra en los límites de la libertad de expresión.

Así que, en lo que nuestros legisladores encuentran una forma de erradicar las noticias falsas sin coartar la libertad de expresión, debemos ser conscientes y aprender a identificar si lo que estamos leyendo o viendo es un “fake news” para ser conscientes y detener su propagación a tiempo.