Falsa verdad histórica

Hay una distancia abismal entre testimonios de presuntos delincuentes, que fueron obtenidos –además– mediante torturas, y los trabajos profesionales y científicos que implicaron año y medio de recolección de muestras y luego los respectivos exámenes multidisciplinarios de evidencia física obtenida del basurero de Cocula. En el primer y desaseado caso se apoya tercamente la “verdad histórica” del gobierno mexicano en torno de la desaparición de 43 normalistas, según la cual fueron asesinados y quemados en el basurero. El segundo trabajo metódico en el sitio, llevó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a concluir que no se hallaron “elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese lugar”.

Es la diferencia entre el trabajo sesgado, perverso y manipulado de una Procuraduría General de la República a la que no importó politizar las investigaciones y provocar un “efecto corruptor” de todo el proceso en el caso Ayotzinapa, y el trabajo minucioso y profundo, con rigor científico, del equipo forense más prestigiado del mundo.

De las manipulaciones y ocultamientos sobre lo que verdaderamente ocurrió en la fatídica noche de Iguala, en septiembre de 2014, brotó un galimatías declarativo, sin apoyo en datos genéticos ni meteorológicos ni como resultado o conclusión de estudios de los expertos internacionales en fuegos gigantes convocados por el propio gobierno para emitir sus dictámenes. El procurador Jesús Murillo Karam pasará a la historia como el defensor a ultranza de lo que en realidad es la mentira histórica del caso Ayotzinapa.

Ello, no obstante, fue retomado como la verdad última por el presidente Enrique Peña Nieto en sus mensajes de despedida del sexenio, dando por sentado que los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en la noche de Iguala, fueron asesinados y cremados por delincuentes y policías. (Por supuesto, excluyendo responsabilidad alguna de Ejército, Marina o Policía Federal).

Significativamente en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (el 30 de agosto), los forenses argentinos reivindicaron su dictamen dado a conocer en febrero de 2016. Recordaron que desde hace 34 años acompañan a familiares de víctimas de desapariciones forzadas en todo el mundo en la búsqueda, identificación y restitución de los restos de sus seres queridos, “con un abordaje que pone la ciencia al servicio de la verdad y la justicia”.

En tono respetuoso y propositivo, el EAAF sugiere al gobierno de México amplíe las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos para que se pueda otorgar una respuesta certera a padres y madres sobre lo ocurrido con sus hijos. Amnistía Internacional lamentó que la administración saliente de Peña Nieto haya estado marcada por la indolencia en el trato a familiares de personas desaparecidas, así como falta de voluntad y capacidad para dirigir investigaciones eficaces y llevar a responsables de esas desapariciones ante la justicia.

Hay más de 37 mil familias de desaparecidos “que recorren el país en búsqueda de sus seres queridos”. Amnistía dio un voto de confianza al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene “la oportunidad de cambiar la historia de impunidad hasta ahora escrita”, por una historia que transforme el dolor en procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición de atroces desapariciones.