Por: Carlos Ramírez H
Un poco por la parafernalia de la lucha política y otro poco porque no hay filtradores que insinúen el juego del poder, el caso es que la insistencia gubernamental para imponer al procurador Raúl Cervantes Andrade como fiscal nueve años en pase automático podría tener cuando menos tres escenarios:
1.- Las cosas son como son y el gobierno a fuerzas quiere sentar a Cervantes como fiscal a cargo, también de la oficina anticorrupción. En este sentido, el gobierno saliente buscaría un blindaje para ahuyentar no sólo investigaciones sino castigos contra funcionarios señalados por casos de corrupción. A Cervantes le tocaría frenar investigaciones en el último año de Peña Nieto, todo el sexenio próximo y dos del que le sigue. Así, la fiscalía será un factor real de poder para frenar o imponer funcionarios.
2.- Las cosas son como no son: se trataría de una maniobra de distracción para obligar al PAN y al PRD a quemar por adelantado su arsenal político para las elecciones presidenciales. El caso Cervantes ya fracturó al PAN, le dio horas de ventaja al PRI con la designación del panista Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva e hizo perder los estribos al presidente nacional panista y precandidato presidencial Ricardo Anaya.
Si este escenario gana, entonces el PRI impondrá a Cervantes.
3.- Las cosas reales están detrás de las apariencias. La existencia de una iniciativa presidencial reciente que se deslinda del pase automático le da al presidente Peña Nieto los argumentos para señalar que la decisión de imponer a Cervantes sería del PRI en el Congreso y no directa del presidente. Pero si el debate es más intenso sobre el carácter de Cervantes como la tapadera transexenal de casos de corrupción, entonces en el escritorio presidencial hay otro nombre de fiscal que sería la verdadera carta.
En el camino, Cervantes habría de desgastar a los partidos, aparentar la victoria opositora de que la fiscalía no sería tapadera y en los hechos poner en la fiscalía a un funcionario del sistema que hiciera lo mismo que Cervantes, pero ya sin su carga conflictiva.
Lo que está en el escenario real es que el procurador Cervantes es ya un cartucho quemado, está señalado como el que se encargaría de tapar los casos de corrupción denunciados públicamente y distorsionaría las funciones de la fiscalía como órgano autónomo. Su condición de priista le quita cualquier credibilidad, cosa que, por cierto, la saben el Presidente de la República y sus asesores.
La verdadera clave de la fiscalía y de Cervantes no se localiza en la sesión de votación legislativa no para el pase automático, sino para votar de nueva cuenta por Cervantes; es decir, se le quitaría lo automático pero se dejaría el pase. En realidad, la oposición parece olvidar que la disputa real estará en las elecciones presidencial y legislativa: con un presidente de oposición y una minoría priista, la destitución de Cervantes sería, ahí sí, en automático.
De todos modos, la oposición juega también su carta prospectiva: desprestigiar a Cervantes como la tapadera de corrupción, llevar al debate del proceso electoral presidencial el tema de la corrupción e inmovilizar a Cervantes si llega a fiscal como el encargado de proteger la corrupción gubernamental. Con el debate hasta ahora, Cervantes ya no le sirve al gobierno saliente.
La decisión sobre el fiscal llevará barajas nuevas a la mesa del póker político.
Política para dummies: La política es el arte de decir lo que es para hacer lo que no es.
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