Fue precisamente en Ciudad Juárez donde hace siete años la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad no tuvo tiempo suficiente para escuchar dos dolores convergentes, el del pasado represor y selectivo desde los años 60 hasta mediados de los 80, cuando había que acabar con la guerrilla, y el presente devastador de una ola violenta contra la ciudadanía común que el gobierno jamás pudo contener, sino que ha estado alentando con su fracasado paradigma bélico hasta nuestros días.
Recuerdo haber escuchado a decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada durante horas, en junio de 2011, cuando rebasaron el sitio previsto para una mesa de análisis en la Universidad Autónoma del lugar. Hubo que abrir otro salón y no se dieron abasto los dos recintos para que más de 300 se instalaran en la catarsis colectiva y quisieran narrar su tragedia. Había más gente de pie que sentada. Llegó un momento en que el obispo de Saltillo, don Raúl Vera, junto con monseñor Gonzalo Ituarte, de Chiapas, sugirieron dividir a la audiencia entre los que desearan seguir escuchando caso por caso y en otro sitio reunirse quienes deberían redactar las conclusiones sobre el tema de la desaparición. El tiempo no daba para más.
En esa frontera arrancaron ayer los 19 foros Escucha, donde hablen las víctimas de la inseguridad y la vesania delictiva que parece no tener límites ni final a la vista, solamente que ahora organizados por quienes gobernarán México a partir de diciembre.
La catarsis de 2011 tiene una continuación real en este 2018. La diferencia es que hace siete años estaba al frente un movimiento social crítico del gobierno, con fuerza suficiente para sentar a la mesa, en el Alcázar de Chapultepec, al presidente Felipe Calderón y luego a legisladores y a candidatos antes de la elección de 2012. Hoy la convocatoria parte del círculo cercano al que será gobernante en diciembre y con la presencia del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. El cambio de discurso y métodos de consulta en vez de la imposición de un modelo de seguridad y justicia que acostumbraban los regímenes anteriores, marca ya una diferencia y serena a las conciencias, más allá de que la delincuencia organizada y la violencia continúen por la vía paralela de su escalada mortal. Mientras, el titular de Gobernación hace un guiño equívoco al decir que el actual gobierno “no deja un país en guerra”, sino con problemas de seguridad debido a que no se aprobó el mando único policial.
Alfonso Navarrete promete, a destiempo, que intentará solucionar el problema de los desaparecidos, tarea titánica que no podrá ser cumplida ni en los seis años del próximo gobierno. Sus aseveraciones suenan a demagogia pura. En su momento, Javier Sicilia reveló que el PRD, “hijo bastardo del PRI”, ofreció a él mismo y al activista chihuahuense Julián le Barón un par de senadurías. “Las rechazamos. No sólo no han entendido nada sino que, entrampados en su reduccionismo político, fueron incapaces de tomar la agenda del movimiento”. Hay diálogo otra vez en Ciudad Juárez, la patria de los feminicidios desde hace ya 25 años; el laboratorio piloto de la violencia oficial y la militarización; tierra de la masacre de estudiantes de excelencia en Villas de Salvárcar; foco rojo donde se desata otra vez una violencia que recuerda la máxima alcanzada en 2011, cuando esa frontera se ganó el primer lugar de la inseguridad en el continente. Mucho cuidado y suerte para los foros.