Los perdones, los desistimientos, las resoluciones judiciales de última hora, antes de que expire el gobierno priista para dar paso a “la cuarta transformación” del país, tienen un tufo a consigna, a decisiones políticas tomadas en ámbitos que no son los juzgados ni los tribunales. Parecen obedecer a pactos y concesiones de última hora que nada tienen que ver con la justicia, sino con la urgencia de impunidades garantizadas antes de que un régimen todopoderoso retome las pesquisas y desnude los errores y las tapaderas de temas largamente litigados. Mejor cerrar los casos antes que confrontar nuevas visiones sobre asuntos potencialmente desestabilizadores, mejor dar salida a situaciones incómodas antes de abrir cloacas cuando se investiguen en profundidad y sin ataduras con el pasado.
La cascada de liberaciones inició con la salida de la maestra Elba Esther Gordillo, en agosto pasado, después de cinco años y medio de prisión, cuando el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal notificó “libertad absoluta e inmediata” de la exlideresa del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con más de un millón de afiliados.
Retadora, la maestra Gordillo se dijo víctima de persecución política, encarcelada sin pruebas, y resumió en una frase lo que sería su doble triunfo y un guiño adicional para el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador: “Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado”. Como si ella fuese la abanderada de la derogación de esa reforma.
Por la puerta de las exculpaciones se ocultan los delitos electorales cometidos por el equipo de José Antonio Meade, quien utilizó recursos y a muchas decenas de empleados y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria para su campaña. Está el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para su posible utilización en la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. La “Casa Blanca” y las acusaciones de tráfico de influencia desde el poder presidencial fue tema de autoexculpación del Presidente de la República, quien se arrepintió de haber expuesto a su esposa Angélica Rivera ante la opinión pública en vez de hacer frente a las imputaciones él mismo y su gobierno. ¿Ése es también un tema para el baúl de los recuerdos y no digno de investigar a fondo?
En sentido contrario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revocar, por unanimidad, la multa por 197 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral le había impuesto al partido Morena por un supuesto “financiamiento paralelo” a sus candidatos a través del fideicomiso Por los Demás, constituido por ciudadanos para ofrecer ayuda a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. El único propósito del INE era “lastimar y manchar a Morena” con un escándalo de presuntos desvíos para la elección, diría Ricardo Monreal.
Y la Procuraduría General de la República abrió de par en par las puertas de la impunidad al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado de desviar 250 millones de pesos del erario hacia campañas de su partido en varios estados, particularmente en Chihuahua.
“Al abrirle paso a la liberación de Alejandro Gutiérrez, por el desistimiento de la PGR y el sobreseimiento del juez, el presidente Peña Nieto pretende eliminar el hilo conductor hacia su propia responsabilidad en el desvío de recursos públicos hacia su partido. No lo logrará”, escribió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en su cuenta de Facebook.