Por: Antonio Navalon
El último escándalo con silenciador que se ha producido en la política mexicana es la entrega que hizo el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados a los panistas, en relación con el debatido tema de la Fiscalía General de la República, al llamado pase automático y al cambio que necesariamente había que aprobar.
Y es que la instrucción presidencial era que bajo ninguna circunstancia se le diera a Anaya esa victoria; sin embargo, llevado por razones que se desconocen, César Camacho decidió al final del día que no era tan grave y en contra de lo que todos habían dicho –incluido el propio presidente– a otras autoridades del Estado, él cedió y puso en evidencia que al menos hay un descuido flagrante o existen otras sensibilidades en el partido que ahora está en el gobierno.
Pero entre todo eso lo que resulta elemental a estas alturas es el rescate del debate.
Porque con la dimisión de Raúl Cervantes se ha terminado con el numerito del #FiscalCarnal y se ha evidenciado además quién quiere instituciones y quién no.
Asimismo, ha quedado de manifiesto que a todos nos gustaría tener un fiscal en quien confiar, un buen amigo, porque si se van a celebrar elecciones y dentro de 13 meses habrá un nuevo presidente, entonces ¿por qué no pasarle la cortesía de que él mismo nombre a su cuate?
Todo eso se podría llegar a entender, pero lo que ya no se entiende son las fallas acumuladas entre el dicho y el hecho, y la falta de una verdadera política de dimensión nacional que nos dote de elementos tan necesarios como un sistema de impartición de justicia que funcione, pero que sobre todo logre ganarse la confianza de los ciudadanos.
Y en ese sentido, no busque usted el eslabón perdido. Porque tristemente es muy probable que todo eso ni siquiera se haya hecho con intención, y simplemente estemos en medio de una falla múltiple y orgánica de algunas instituciones fundamentales en la vida del país.
A partir de este momento, hay dos aspectos relevantes que conviene identificar.
Primero, saber quién y para qué se utilizará realmente esa institución tan necesaria.
Segundo, y más importante todavía, identificar quién va a cumplir con su obligación legal y procedimental para hacer los pasos necesarios que permitan en este 2017 o en el próximo 2018 –ya sea regalándoselo al nuevo presidente o cumpliéndolo ahora– que al fin podamos tener un fiscal general de la República.
Pero mientras tanto, Camacho miró la hora y seguro su reloj se la dio bien, la pena es que se equivocó de siglo.
@antonio_navalon