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El viernes pasado, el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, removió al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
Mediante un breve comunicado la PGR informó que Elías Beltrán removió a Nieto, sin mencionarlo por su nombre, debido a que “el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, sin siquiera explicar qué parte del Código fue transgredida.
De aplicarse dicho Código, con el rigor y rapidez con que aparentemente se aplicó en el caso de Nieto Castillo, dudo mucho que quedaría alguien dentro de la sede de la PGR para poder cerrar la puerta por dentro.
El hecho es que la forma en que Elías Beltrán cesó al titular de la Fepade –sin mayor explicación de por medio–, ha creado una verdadera tormenta política y un debate en los medios de comunicación que sólo han creado una gran confusión entre quienes no entienden de estos asuntos.
Durante los últimos días he escuchado a expertos, supuestos expertos, comunicadores y analistas comentar el asunto. Hay unos que defienden el cese del funcionario y otros que afirman que su remoción es un plan urdido en la Residencia Oficial de Los Pinos para así controlar a la Fepade durante la temporada electoral que culminará el año entrante.
El debate llegó al Senado, que lo designó titular de la Fepade en febrero de 2015. Ahí, la mayoría conformada por el PRI y el PVEM aprobó una moción para que la remoción del Nieto Castillo sea avalada o rechazada por los senadores mediante voto secreto.
Los senadores de la oposición se niegan a que esto se haga y exigen que la votación sea abierta y pública. También se suman a quienes afirman que la remoción fue una decisión del presidente Enrique Peña Nieto.
El debate también se ha dado sobre lo que según el periódico Reforma dijo Nieto Castillo. Éste niega lo que el diario dice que dijo, palabras que aparentemente fueron las que, según Elías, constituyeron la transgresión al mencionado Código de Ética.
Ayer, la sesión del pleno senatorial no pudo realizarse en vista de que no llegaron los senadores necesarios para constituir el quórum necesario. Por ello no pudo discutirse el procedimiento a seguir para ratificar o cancelar la remoción del fiscal.
Peor aún, este boicot opositor amenaza con suspender la aprobación de la Ley de Ingresos 2018 antes del 31 de octubre, lo cual puede tener graves consecuencias.
En resumen, un lío que pudiera haberse evitado de manejarse bien el asunto, viene a desestabilizar más el ambiente político nacional. Todo gracias al descuido de Elías Beltrán que, tal vez teniendo la razón, no supo fundamentar el cese de Castillo Nieto.
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Eduardo J Ruiz-Healy
