Por Miguel Nava
El que cuatro elementos de la Policía de la Ciudad de México estén acusados y en proceso de investigación por violar a una joven, es una situación de extrema gravedad que no debe quedar en la impunidad, pero que también deja muchas dudas de los procesos de selección, reclutamiento y de control de confianza de las áreas de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Cuando algunos de los agentes del orden que reciben un salario para cuidar a la población se convierten en delincuentes abusando de su autoridad, se incrementa la desconfianza generalizada que se tiene en los policías a lo largo y ancho del País, esperemos que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México actúe de forma rápida y eficiente para vincular a proceso a los responsables tan atroz delito.
La indignación que provoca a todos los mexicanos esos hechos, en algunos grupos radicales se ha convertido en pretexto para delinquir dañando edificios públicos en vez de ejercer el Derecho Fundamental a la manifestación y reprochar de forma civilizada y responsable a las diversas instancias gubernamentales que intervienen en el caso.
Sin que pueda tener comparación e importancia el daño, impacto y consecuencias del delito de violación a una persona con el costo económico de la vandalización y destrozos a las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Procuraduría de la Ciudad de México, es preocupante que las máximas autoridades de la Capital del País, no hagan nada para prevenir ni detener la comisión de delitos en flagrancia y se limiten a declarar en medios de información que fueron actos de provocación para justificar su mediocridad y omisiones.
Como ciudadano me deja una sensación de enojo y frustración al percatarme de que, con esa pasividad, ministerios públicos y sus auxiliares investigan a los violadores, homicidas, secuestradores, ladrones entre otros delincuentes y que por ello reprochamos las políticas que en materia de seguridad tenemos en México.
Qué terribles momentos debe estar pasando la joven agredida y su familia al advertir que, a la vista de todos, diversos grupos de “choque”, movilizados con intensiones políticas delinquen “a placer” y con la complacencia de las autoridades, utilizando su desgracia como pretexto, en tanto sus agresores serán objeto de un largo proceso jurisdiccional en donde quizá como en muchas ocasiones no se imparta justicia.
Hay claros hallazgos en todo el País de ingobernabilidad, de imposibilidad de los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno de disminuir los fenómenos delictivos y se continúa con el sistemático deterioro del frágil Estado de Derecho, lo que traerá como consecuencia el colapso de las instituciones por la ineptitud de quienes las integran.
Los ciudadanos con conciencia debemos unirnos, organizarnos y participar para hacer un frente común y obligar a nuestros gobernantes a que cumplan con sus encomiendas legales y si no lo hacen, exigir a los titulares de los entes públicos que despidan, investiguen y procesen a delincuentes con credencial de funcionarios que tanto daño causan a nuestras familias, patrimonio e integridad personal.