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El 26 de julio pasado, a través de una carta dirigida a quienes llama sus “hermanos y hermanas mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador convocó a que todos los que quieran hacerlo participen en los foros de consulta para lograr “la pacificación y reconciliación del país”.
La carta anota, entre otras cosas, las siguientes:
“México vive una crisis de seguridad no vista desde los tiempos posrevolucionarios. Los índices de violencia posicionan al país en niveles históricos y nos ubican entre los países más inseguros del mundo… honraré mi promesa de campaña de realizar consultas a las víctimas, a la ciudadanía, a la sociedad civil, a líderes religiosos y a expertos para explorar todas las alternativas viables para lograr la pacificación y reconciliación del país…
me permito extenderles una atenta invitación para escuchar sus propuestas, sugerencias e iniciativas para el próximo gobierno… con plena conciencia del sufrimiento de las víctimas del conflicto social en nuestro país, contar con su participación será de suma relevancia ya que ustedes serán el eje rector de las nuevas políticas públicas…”.
Tiene razón el virtual presidente electo al afirmar que nuestro país vive una crisis de seguridad. Es más, creo que se queda corto al definir la situación que impera en casi todo México, porque más que una crisis de violencia estamos en una cuasi guerra civil en la cual miles de mexicanos se están matando entre sí.
Hasta la fecha se estima que han muerto unas 250 mil personas como resultado de la guerra contra el narcotráfico que irresponsable y estúpidamente inició en diciembre de 2016 Felipe Calderón, quien al anunciarla dijo “que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas… ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”.
Efectivamente, la decisión absurda y caprichosa de Calderón y la ineficiencia absoluta del gobierno de Enrique Peña Nieto han costado aproximadamente un cuarto de millón de vidas, más de dos billones de pesos en gastos gubernamentales, incalculables pérdidas para la economía nacional y las de los estados más afectados.
Para tratar de encontrar una solución, AMLO aparentemente desea escuchar lo que los mexicanos tenemos que decir al respecto, seamos o no autoridades en la materia. Para eso las consultas que ha organizado, empezando con la que hoy se realiza en Ciudad Juárez, donde sólo en el primer semestre del año se cometieron 545 homicidios. Con base en lo que se diga en estas consultas y opinen los expertos en la materia se diseñará el Pacto para la Reconciliación Nacional (PRN).
Como lo he expresado aquí varias veces, abatir las tasas delincuenciales, especialmente de los crímenes más violentos, debe ser la prioridad del gobierno entrante. Si en esto fracasa, de nada le servirán sus demás éxitos.
