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Los tres foros de seguridad del gobierno electo de López Obrador iban a ser el punto clave de las definiciones de la próxima administración: la respuesta al problema número uno que decidió la elección presidencial. Pero el desorden, la falta de acuerdos y el rencor vivo de las víctimas mostró que el lopezobradorismo carece de una política de seguridad interior.
Asimismo, las protestas, las versiones diferentes de los responsables y los protagonismos dieron los primeros indicios del error estratégico que se va a cometer al dividir la política de seguridad entre Gobernación y la propuesta Secretaría de Seguridad Pública, cuyos titulares no se entienden entre sí.
López Obrador estaría aplicando el fallido modelo de Jorge Carpizo McGregor en el salinismo: desarticular funciones que tienen en la política el mismo venero.
Los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón abandonaron el enfoque de Estado en materia de seguridad, descuidaron los cuerpos de inteligencia, seguridad nacional y seguridad interior, buscaron pactos con los cárteles y fueron timoratos en usar la fuerza institucional del Estado para imponer una política de autoridad federal en seguridad.
El gobierno de Peña Nieto acertó al unir política y seguridad en Gobernación –seguridad interior–, pero falló al permitir que la confabulación estatal y municipal impidiera la reordenación de la estrategia de seguridad: gobernadores y alcaldes eran cómplices políticos del Ejecutivo Federal y por eso el crimen organizado penetró las estructuras de gobiernos estatales y municipales.
La falta de un diagnóstico de la crisis de seguridad con enfoques estratégicos de seguridad interior ha llevado al equipo de López Obrador a comenzar con la última etapa y a politizar el problema: las víctimas y foros abiertos. La idea era que las víctimas se subordinaran al presidente electo, le dieran en público el voto de confianza, perdonaran a los asesinos y legitimaran la nueva estrategia definida por el padre Solalinde: el modelo Hermano Zeta.
Los foros en Ciudad Juárez y Morelia, el drama conmovedor de las víctimas, la burocratización de funcionarios salientes y entrantes, y una política sin diagnóstico ni estrategia reventaron la propuesta de seguridad de López Obrador.
Si el presidente electo y las dos cabezas del sector –la política y la de seguridad– entendieron el mensaje de los agraviados, entonces lo sensato sería suspender los foros y replantear la propuesta.
La crisis de seguridad tiene un ritmo jerárquico: primero reconstruir la autoridad del Estado, después asumir la inseguridad como un problema político, enseguida redefinir el mapa de los cárteles, jefes, soldados y zonas territoriales en disputa y, finalmente, atender a las víctimas en la dimensión de su dolor y no sólo pedirles que al sufrimiento de perder familiares ahora tengan que perdonar a los asesinos sin recibir algo a cambio.
Los casi 250 mil asesinados en el periodo 2008-2018 cayeron por una auténtica lucha criminal por el poder, los territorios y la autoridad de las bandas criminales contra el Estado nacional. Y los jefes, comandos y bases criminales no escogieron el delito por falta de educación o pobreza o pecados, sino que se constituyeron en organizaciones delictivas para constituir un poder de dominación autónomo y superior al del Estado.
El modelo Hermano Zeta de Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo fue producto de un análisis social equivocado de un asunto de poder. La clave de la inseguridad no está en las víctimas, sino en el Estado.
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