*El Centro de los Derechos Humanos en Irán da a conocer las cartas escritas en prisión por una de las detenidas
Teherán, 20 Feb (Notimex).- Las autoridades judiciales iraníes ignoraron las denuncias de una ex consultora de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien acusó tortura física y psicológica por parte de sus interrogadores masculinos, quienes obtuvieron “confesiones” mediante tortura y que fueron utilizadas para encarcelarla a ella y a siete conservacionistas ambientales, según sus cartas escritas en la prisión Evin.
En una de las cartas, fechada el 24 de enero de 2019, la científica conservacionista Niloufar Bayani, describió que se vio obligada a soportar “interrogatorios de nueve a doce horas, día y noche”, mientras estuvo detenida durante ocho meses en “confinamiento solitario”.
“Me interrogaron con los ojos vendados mientras estaba de pie, girando, sentada o de pie… amenazada con el arresto y tortura a mi madre y mi padre de 70 años… amenazada con tortura física al mostrar imágenes y descripciones de dispositivos de tortura… escuché durante horas descripciones detalladas sobre el sufrimiento y el dolor causado por la tortura”.
“Durante los últimos dos años hemos estado documentando abusos flagrantes de los derechos en los casos de Bayani y sus colegas encarcelados, mientras que agentes de inteligencia y funcionarios judiciales han estado fabricando un caso en su contra”, dijo la directora de comunicaciones del Centro de Derechos Humanos en Irán (CHRI) Jasmin Ramsey.
“En lugar de detener el horrendo maltrato de estos conservacionistas pacíficos de la vida silvestre, el entonces Jefe Judicial de Irán, Sadegh Larijani, observó mientras eran sentenciados a prisión sin el debido proceso”, agregó Ramsey. “El recién nombrado Jefe Judicial, Ebrahim Raisi, debería liberarlos de inmediato y permitir una investigación independiente sobre las quejas de Bayani”.
Bayani también describió haber sido acosada sexualmente en repetidas ocasiones. “Estaba cada vez más aterrorizada de que si no escribía lo que [mi interrogador] quisiera, me atacaría violentamente”, escribió Bayani, de 32 años, en una de las cartas extraídas que CHRI tradujo al inglés.
“Debido a sus inexplicables apariciones repentinas y su comportamiento desagradable en varios lugares como pasillos oscuros y en el patio de detención, no me sentí segura en ningún lado. La ansiedad intolerable nunca cesó”, escribió.
“Cada vez que… busqué ayuda de las autoridades, aumentaron las presiones, amenazas y actos de tortura”, agregó quien trabajó como consultora para el Programa de Medio Ambiente de la ONU entre 2012 y 2017.
En su carta al jefe de la judicatura, la conservacionista, que actualmente cumple una condena de 10 años de prisión, había solicitado que el tribunal publicara grabaciones de audio y video de sus interrogatorios, así como sus archivos médicos para probar sus acusaciones.
El 19 de febrero, el abogado de Sepideh Kashani, colega de la joven, informó que Kashani había presentado al tribunal una “declaración jurada” y “declaraciones escritas” que detallaban experiencias “similares” que “socavaron totalmente los fundamentos de las investigaciones en su contra”.
La ciudadana iraní, maestra en biología de la conservación por la Universidad de Columbia, regresó a Irán en 2017 a trabajar en la Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF), una organización sin fines de lucro que funcionaba con el permiso del gobierno iraní.
El encarcelamiento de Bayani y ocho de sus colegas ha sido condenado internacionalmente por organizaciones ptotectoras del medio ambiente y los derechos humanos, incluida la ONU, y por la reconocida primatóloga Jane Goodall, entre otros 370 distinguidos conservacionistas y académicos.
Tambien el 19 de febrero, la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, tuiteó que estaba “desanimada y decepcionada” por el veredicto del tribunal de apelaciones y pidió “clemencia”.
Los ocho conservacionistas se encuentran recluidos en la prisión Evin, en Teherán, desde enero de 2018, cuando fueron arrestados por primera vez por agentes de la organización de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC por sus siglas en inglés), que continuó construyendo un caso contra ellos por cargos de “espionaje” fabricados después de que tres agencias estatales importantes, incluido el Ministerio de Inteligencia y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dijeran que los cargos no tenían fundamento.
Una fuente con conocimiento detallado de los casos de los conservacionistas aseguró a la CHRI que los acusados y sus abogados aún no han sido notificados oficialmente del veredicto del Tribunal de Apelaciones, anunciado por el portavoz judicial Gholam-Hossein Esmaili en una conferencia de prensa en Teherán el 18 de febrero de 2020.
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