Erika Mendoza Reynoso, suboficial del agrupamiento Cóndor, maestra en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y candidata al grado de doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), salvó la vida de un empleado de la oficina ubicada en la avenida Álvaro Obregón 286 en el fatídico temblor ocurrido el 19 de septiembre del año pasado.
“Lo buscamos y lo encontramos varios compañeros del agrupamiento, y logramos sacarlo con una pierna fracturada”, relató.
Experiencias como la de Érika son motivo para que las autoridades analicen la posibilidad de migrar hacia un modelo de prevención de riesgos, desde el actual sistema de protección civil.
Ante la historia de tragedias como sismos e inundaciones en la capital mexicana, considerada una de las ciudades más grandes del mundo, la próxima titular del Instituto para la Atención y Prevención de Riesgos, Miryam Urzúa Venegas, aseguró que se registra actualmente un “gran déficit” para brindar seguridad a los capitalinos.
“A partir del 1 de diciembre se implementarán cambios para transformar la protección civil”, aseguró la también especialista en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales de los desastres.
Señaló que se actualizará el marco regulatorio para incorporar parámetros internacionales que garanticen la resistencia y mantenimiento de construcciones y equipamientos públicos, principalmente de los educativos y de salud, con el aval de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La especialista recordó que desastres naturales como los sismos de septiembre de 1985 y 2017 y la explosión en San Juanico, en 1984, son la base para la decisión de poner en marcha una política de prevención de riesgos.
Urzúa Venegas abundó en que la meta es que en la capital del país se fortalezca la acción preventiva y que autoridades y ciudadanos cuenten con una nueva cultura de atención y acción inmediata frente a los riesgos y ante los desastres naturales.
La también exconsultora del Banco Mundial en materia de desastres, consideró necesario incidir en el ordenamiento urbano y en su control para asegurar que toda la población tenga acceso a servicios públicos, suelo y vivienda en áreas seguras.
“En el plano de la gestión de riesgos queremos cambiar prácticas y dinámicas históricas, y abrir espacios a los requerimientos actuales. Un cambio fundamental es colocar las políticas y acciones de prevención como factores principales para lograr la seguridad de la población, de lo construido y de los bienes naturales de la ciudad”, subrayó.